El Tribunal Superior, por mayoría, hizo lugar a los recursos deducidos por el Instituto de Gestión Electoral y la Alianza "Frente de Izquierda y de Trabajadores" y, en consecuencia, rechazó la demanda interpuesta por el Frente Patriótico que había planteado la nulidad de la resolución que estableció la distribución de aportes públicos para la campaña electoral a las agrupaciones políticas.
